El informe que emitió la policía sobre la mayoría de las mujeres asesinadas este año en crímenes de violencia de género que habían presentado denuncia previa por malos tratos decía que no estaban en una situación de riesgo o que la peligrosidad era media o baja.
Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras analizar caso por caso las causas que pudieron concurrir en el fatal desenlace de 14 mujeres muertas a manos de sus parejas aunque habían presentado denuncias previas por maltrato.
«La mayoría de las víctimas tenían una valoración del riesgo entre ‘medio’ y ‘no apreciado’, lo que hace preciso una revisión de los formularios utilizados en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género del Ministerio del Interior (VIOGEN)», explica el informe.
Por eso, la institución propone que incluso cuando el diagnóstico sea de riesgo bajo o no apreciado, «se incluya la entrevista con personal de servicios asistenciales que atienden a la víctimas, y que en estos casos se adopten medidas policiales de control para la seguridad de la denunciante independientemente de si existe o no medida judicial de protección».
El pasado mes de abril, el Ministerio de Sanidad anunció un acuerdo con el Ministerio del Interior para modificar el cuestionario del que se sirven los policías para realizar la evaluación del riesgo e incluir nuevas variables, como la situación laboral de la víctima, la existencia de hijos menores o su discapacidad, si la hubiera. Esta medida aún no ha entrado en vigor.
